Los cambios introducidos a nivel tributario se aplicarán, en forma gradual, a partir de las remuneraciones del periodo devengado febrero 2018. 

La llamada “Reforma Tributaria”, promulgada por la Ley 27.430 (en Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017) estableció diversas modificaciones impositivas e incorporó cambios respecto a las contribuciones de seguridad social. El nuevo escenario introducido por la reforma será aplicado de forma gradual y alcanzará a las remuneraciones del periodo devengado febrero de 2018.

Alícuota única:

En lo que respecta, particularmente, a la seguridad social la norma modifica las alícuotas de las contribuciones de seguridad social y dispone que sean unificadas en una alícuota única del 19,50% (vigente a partir del 1 de enero de 2022). La reforma prevee que este cambio se produzca de forma gradual, por lo cual establece que hasta la fecha en que entre en vigencia la Ley se mantendrá la distinción según el tipo de empleador, aunque se empezará a acortar la brecha de forma progresiva. Así, entre el periodo febrero-diciembre de 2018 quienes contribuían con el 21% pasarán a hacerlo con el 20,70% y quienes abonaban el 17% pasarán a pagar 17,50% en concepto de contribuciones. En los años siguientes (del 2019 al 2021) habrá una variación anual hasta alcanzar la unificación del 19,50%, prevista en la Ley en los artículos 165 y 173.

Cabe recordar que la norma anterior distinguía dos tipos de empleadores a los que se le asignaba una alícuota diversa (del 21% y del 17%, de acuerdo a las ventas totales anuales). Las modificaciones señaladas con anterioridad no comprenden a las contribuciones destinadas al Régimen de Obras Social ni a la Ley de Riesgos del Trabajo.

Detracción gradual hasta 2022: 

A su vez, se incorpora un cambio significativo en la base imponible para las contribuciones de seguridad social, por lo cual se detraerá por cada trabajador un importe mensual de $12.000 (en concepto de remuneración bruta). Como esta detracción se aplicará de forma gradual, la Ley fija porcentajes que se aplicaran cada año hasta alcanzar el total a partir del 1 de enero de 2022. De esta forma, para las contribuciones devengadas desde febrero hasta diciembre de 2018, el porcentaje aplicable será del 20%, lo que equivale a $2400. Luego, desde 2019 hasta 2021, se incrementará por año en 20 puntos porcentuales hasta culminar en su aplicación total. A su vez, la suma se irá actualizando desde 2019 en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta detracción será aplicable para todas las modalidades de contratación y será proporcional en el supuesto de los contratos a tiempo parcial. 

Se deroga el crédito fiscal del IVA: 

La nueva normativa no mantiene la posibilidad de aplicar el crédito fiscal del IVA. Esta derogación rige a partir de las contribuciones patronales devengadas desde febrero de 2018 y también se aplica de forma gradual ya que hasta diciembre de 2021, el empleador podrá computar como crédito fiscal del IVA, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases imponibles los puntos porcentuales previstos para cada jurisdicción (incorporados en el inciso d del artículo 173 de la Ley).

Empleadores comprendidos en la Ley 26.940:

Los empleadores beneficiarios de la reducción de contribuciones, establecida por la Ley 26940, continuarán gozando de esta gracia, respecto de las relaciones laborales que cuenten con ese beneficio, hasta el 1 de enero de 2022 en el caso de los micro-empleadores, o hasta que venza el plazo de 24 meses por el que fue otorgado, en el caso de aquellos empleadores que hayan incrementado sus relaciones laborales (en empresas de hasta 80 trabajadores).

La efectiva aplicación de estas normas, requiere una nueva reglamentación y a su vez, la emisión de una versión actualizada del programa aplicativo que incorpore las modificaciones necesarias. En este sentido, la Resolución General AFIP 4209 (en Boletín Oficial el 7 de marzo del corriente) aprobó la versión 41 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social” SICOSS que estará vigente a partir del 3 de abril de 2018 y será de uso obligatorio para las declaraciones juradas que se efectúen a partir de esa fecha, incluso aquellas correspondientes a periodos anteriores.

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